Empresas y fondos de recuperación: abróchense los cinturones
La Comisión aprueba el plan de España reclamando mayor responsabilidad de regiones, ayuntamientos y sociedad civil en una ejecución que se anuncia incierta
Tratándose de la mayor operación de recuperación de nuestra historia, desde Alonso & Asociados llevamos meses exigiendo máxima transparencia y participación de administraciones regionales, locales, asociaciones y empresas.
Los hechos nos han dado la razón. A pesar de una evaluación positiva del Plan español que debería rubricar en julio el Consejo, la Comisión reconoce que ‘no ha habido una consulta del plan en su conjunto’ (pág. 31 Documento del staff de la Comisión que acompaña la propuesta de Decisión de aprobación)[1].
La propia Decisión final del Consejo[2] indicará en sus considerandos 56 y 57: ‘Garantizar una mayor responsabilidad en la ejecución del plan por parte de las autoridades regionales, locales y sociedad civil contribuiría a aumentar su eficacia así como el impacto a largo plazo de los resultados esperados’.
Dos conclusiones:
- Sobre el pasado, la exigencia en el futuro texto legal de ‘mayor responsabilidad de regiones, ayuntamientos y sociedad civil’ arroja una sombra de duda sobre cómo se ha gestionado la elaboración del plan al haberles privado de un proceso de consulta pleno y con la máxima transparencia. Es muy llamativo que la Comisión, en su propuesta legislativa se limite a indicar que el plan español incluye un resumen del proceso de consulta que ni siquiera entra a valorar
- Sobre el futuro, lo cual resulta más importante, Comunidades Autónomas, ayuntamientos, asociaciones y empresas deben incorporarse inmediatamente al proceso de ejecución del plan que ahora se inicia. El Documento del staff de la Comisión que acompaña a la propuesta legislativa recuerda (pág. 55)[3] que debe haber ‘una mayor y más sostenida coordinación entre las autoridades nacionales, regionales y sociedad civil’.
Se inicia, pues, en el mes de julio un proceso decisivo a través de las conferencias sectoriales gobierno-Comunidades Autónomas que debería ser precedido, en cada Comunidad Autónoma, de contactos con diputaciones, ayuntamientos y con la comunidad social y empresarial para abordar cuestiones clave, tales como:
- Funcionamiento de los PERTES (Planes Estratégicos de Recuperación, Transformación y Resiliencia) : cuándo se abrirán los registros estatales, qué papel pueden jugar en ellos las regiones, los ayuntamientos y las empresas;
- Cómo se articularán los convenios entre el gobierno (Ministerios) y las 17 Comunidades Autónomas para transferir los fondos;
- Qué tipo de licitaciones estatales competitivas y cuándo se esperan abrir a ayuntamientos y diputaciones;
- Idem para empresas: qué convocatorias se abrirán por cada Componente;
- Qué fórmulas concretas existirán para la colaboración público-privada.
Adicionalmente, y como el diablo se esconde en los detalles, administraciones y empresas deberán tener en cuenta algunas cuestiones fundamentales.
En primer lugar, cómo se les aplicará a las empresas que quieran acceder a los fondos el criterio de DNSH (Do No Significant Harm), o sea, que los proyectos no perjudiquen al medio ambiente.
En segundo lugar, ojo a los criterios que regirán para las ayudas de estado…
Los documentos publicados estos días recuerdan que los fondos canalizados a través de los poderes públicos son ayudas de estado si cumplen los requisitos del artículo 107 (1) del Tratado de Funcionamiento de la UE (TFUE). Estas medidas, salvo que estén cubiertas por esquemas existentes (Directrices) o entren en el ámbito de aplicación del Reglamento de Exención en bloque (GBER), deberán ser previamente notificadas y aprobadas por la Comisión[4]. Las empresas que resulten beneficiadas con ayudas ilegales (por ejemplo, a través de una convocatoria con cargo a los fondos de recuperación) podrán verse obligadas a reembolsarlas íntegramente.
Resulta clara e inequívoca la advertencia del Staff document (págs, 33 y 34)[5] : ‘El análisis de ayudas de estado hecho en el plan español no puede ser considerado como una notificación’.
Por último, y en relación con las MDIs (Manifestaciones de Interés) publicadas por diferentes Ministerios y dirigidas a empresas, un nuevo aviso para navegantes en la pág. 32 del Staff document : ‘teniendo en cuenta que las MDIs han sido dirigidas a empresas y respondidas por potenciales beneficiarios de las ayudas, es importante que no se distorsione la competencia en las próximas convocatorias de subvenciones una vez definidos los proyectos específicos’.
La confusa definición de los PERTES hasta la fecha y los anuncios ya realizados sobre empresas potencialmente beneficiarias de las ayudas hace particularmente oportuna esta advertencia de la Comisión.
En este clima de incierta ejecución, desde Alonso & Asociados ofrecemos un servicio específico sobre fondos europeos a administraciones, asociaciones y empresas para sacar el máximo provecho de un proceso que entra ahora en su fase decisiva.
[1] Staff document Commission SWD (2021) 147 final que acompaña a la propuesta de Decisión del Consejo de aprobación de la evaluación de la Comisión del Plan español COM (2021) 322 final de 16 de junio de 2021.
[2] Propuesta de Decisión del Consejo de aprobación de la evaluación de la Comisión sobre el plan español COM (2021) 322 final 2021/0156 (NLE) de 16 de junio de 2021.
[3] Ibid. Staff document
[4] Ibid. Staff document
[5] Ibid. Staff document
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